Los últimos días han sido, para mexicanos y en especial
para los tamaulipecos, de noticias espectaculares que tienen que ver con la
corrupción, ese mal en el cual México es casi casi el campeón mundial. Por un
lado, allá en Florencia (Italia) se detuvo a Tomas Yarrington; y ayer, en
Guatemala, hubo una audiencia pública en la cual Javier Duarte rechazo la
extradición.
Las señales para combatir la corrupción siempre son
buenas. La detención de ambos políticos, para unos, es oxigenar momentáneamente
al gobierno priista de Enrique Peña Nieto en virtud de que da señales de
combatir la corrupción. Sin embargo, tal como se ven las cosas, como que la
extradición –de uno y otro-, no será cosa fácil para México.
¿FACIL O COMPLICADO?
De acuerdo a las reglas de extradición, nos han repetido
una y mil veces, el proceso tiene dos vertientes. Una, rápido y sencillo; y
otra, largo y lleno de recursos legales. Y todo hace indicar que, tanto en
Italia como en Guatemala, cada caso seguirá el mismo procedimiento: el más
largo y será, en todo caso, una verdadera lucha jurídica por repatriar a ambos
políticos.
Cuando Tomas Yarrigton compareció para que le dieran a
conocer porque se le detenía, y le enteraran de las ordenes de aprehensión en
su contra (la de USA y la de México), prácticamente dijo que las desconocía,
que no había sido notificado, y que, en principio, no aceptaba el proceso de
extradición. En el caso de Javier Duarte, fue más específico: que la respuesta
la daría, digo, cuando conozca su defensa la solicitud formal de extradición
para conocer los cargos y los elementos de prueba en su contra.
EL DEBIDO PROCESO.
México se ha caracterizado, en el proceso judicial, por
la corrupción, la improvisación y hacer todo a la carrera, es decir, integrar
los expedientes de las averiguaciones penales con enormes, o muchas,
deficiencias. Eso ha provocado que buena parte de personas identificadas con la
delincuencia y el crimen organizado, o delincuentes de cuello blanco, que han
sido detenidas, tarde o temprano consigan su libertad.
Por el debido proceso, por ejemplo, Caro Quintero
–narcotraficante-, salió de prisión y ya no lo volvieron a ver ni el polvo. Y
todos recordamos el caso de Florence Cassez: sentenciada a 60 años por
secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas; que obtuvo su
libertad en virtud a errores o vicios en su aprehensión: la detuvieron y luego
la escenificaron como si fuera una película.
ENTRAÑAS DEL SISTEMA.
Tanto Yarrington
como Duarte conocen a la perfección el sistema político mexicano, sabe de sus
juegos, de sus acuerdos y negociaciones, como también conocen las debilidades
del sistema penal y judicial. Por la postura inicial, tomando en cuenta que
llevaban meses huyendo, escondiéndose de la justicia, es de pensar que no se
van a entregar fácilmente. Yarrington ya dijo que no acepta la extradición.
¿Qué puede alegar para impedirla? Por otra parte, creemos sea más fácil para
Estados Unidos justificar tal acción. Duarte quiere saber, a ciencia cierta, de
que lo acusan… es, como quien dice, la misma postura.
Y es que, salvo lo que digan los tratados
internacionales, hasta donde sé: un extraditado solo puede ser juzgado por los
delitos que, en la petición formal, le imputan. Así que el duelo, en primera
instancia será legal: demostrar, con evidencias, de que ambos merecen ser
juzgados. Si no lo demuestran, el país (Italia o Guatemala) pueden negar la
extradición pensando que son perseguidos políticos.
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