jueves, 5 de noviembre de 2015

SE EQUIVOCAN LOS DIPUTADOS.

Al fin, los diputados locales, los que comanda Ramiro Ramos Salinas, se salieron con la suya: lograron que el ombudsman, que José Martín García Martínez, comparecieran en la casa del pueblo. Y no cabe la menor duda, en todos –bueno, no en todos-, debió campear una idea: se equivocaron en toda la extensión de la palabra al momento que, en otro momento, aprobaron y tomaron la protesta de rigor al titular de la Comisión de los Derechos Humanos.


Recuerdo que en una clase Higinio Carrillo, magistrado federal, explico cómo en ciertos nombramientos, a la experiencia y al conocimiento, debe abonarse una exigencia más: la calidad moral, la estatura de servidor público, la vocación de servicio, de quien asume una u otra responsabilidad. Y, en aquel momento –creo que ni en el actual-, José Martín García Martínez, ha estado a la altura de las circunstancias.


Los Derechos Humanos nacen, como una respuesta del Estado –en términos generales- a las demandas y acusaciones de la sociedad civil sobre corrupción, impunidad y violación de las esenciales garantías que consagra la Constitución. No es por nada, pero yo tengo la certeza que el nacimiento de los Derechos Humanos, como una instancia protectora, es la confirmación de que el Estado ha fallado en sus propósitos de gobierno.


Hoy en día los Derechos Humanos, su defensa y su ejercicio, es un talón de Aquiles de todo gobierno, sea el federal, el estatal o el municipal. Son la defensa de derechos y garantías constitucionales; pero también, ya en el ámbito de lo político, es un elemento más que hace referencia a la calidad de la democracia: ahí donde no se garantizan los derechos humanos no se puede hablar de justicia, ni de equidad, menos de transparencia.


Los diputados locales, sobre todos los de oposición, aquellos que en su momento avalaron la designación de José Martin García Martínez, ya se dieron cuenta que se equivocaron. Formalmente son independientes; en la práctica, desarrollan procesos de cabildeos y, en todo caso, el principal responsable de su nombramiento es Ramiro Ramos Salinas. Es quien, como un día dijera Arcenio Ortega Lozano: da línea, hace recomendaciones o sugerencias.


La pregunta de los 64 mil pesos, sin la menor duda, es ¿Por qué tardo 9 meses en comparecer? ¿Por qué no atendía la invitación que los diputados le hicieron una y otra vez para ir y explicarles el Informe del año 2014? ¿Acaso José Martín se considera autónomo al grado que no asimila que los diputados representan al pueblo? El caso es que, José Martín, no da muestras de respetar a los diputados. Su actitud de rebeldía no tiene justificación, menos sentido político o legal.


La actitud del titular de la Comisión de Derechos Humanos semeja a la de un burócrata: que se siente dueño, poderoso, por ser el responsable de una estructura orgánica. Sin embargo, la mística del origen y la naturaleza de la dependencia a su cargo, conlleva asumir un comportamiento distinto a la de un burócrata: las decisiones y las acciones, ahí en la Comisión de los Derechos Humanos, no pueden manejarse y menos desarrollarse con la inercia del dejar hacer, dejar pasar.


Todas las instituciones públicas, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no es la excepción, tienen un compromiso social: apuntalar el Estado de Derecho, consolidar los derechos sociales y políticos, pero sobre todo, evidenciar que vivimos en una democracia en donde los autoritarismos, las irresponsabilidades, la corrupción y la impunidad, tienden a ser cosa del pasado. Sin embargo, los hechos, dan la impresión que vamos hacia atrás.


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