MALA BROMA.

Algo está sucediendo en la política mexicana. Por un lado, tenemos que los gobernantes y  sus colaboradores, no van al ritmo que demanda un contexto de avance o desarrollo político; y sujetan, sus decisiones y acciones, a prácticas que evidencian un retroceso de lo que es y significa una sociedad democrática: la transparencia y el acceso de la información es la mejor evidencia.

No es complicado darle la razón, por ejemplo,  a Miguel Barboza (PRD), en su condición de Presidente del Senado, quien califica como una mala broma del Presidente EPN emitir nombramiento de Virgilio Andrade, como nuevo titular de la Secretaria de la Función Pública y, además, de darle el encargo de investigar la legalidad de su casa como de Angélica Rivera, su cónyuge.

Y es que, como bien advierte el senador perredista, en nombramientos para responsabilidades que no son ejecutivas, lo principal es generar con la designación un escenario de imparcialidad. Cosa que, obvio, no sucede porque la Secretaria de la Función Pública es, en principio, una de las Secretarias de la Administración Pública Federal Centralizada. El jefe inmediato es Enrique Peña Nieto.

Se consigna en la biblia: “por sus hechos los conoceréis”. Y al PRI, como a sus líderes y gobernantes, los conocemos de una época de 70 años; y ahora que regresaron al poder, todo hace indicar, que nada será distinto. Aunque, en el contexto, si hay algo diferente: la sociedad ya tiene a su alcance más medios para socializar información e incluso, en las redes sociales, los comentarios, las reflexiones y las críticas están a la orden del día.

Avanza el desarrollo democrático a lo largo y ancho del mundo; solo en México, las actitudes y el comportamiento tanto de gobernantes y de servidores públicos parecen no entender que somos testigos de una transformación en los social, lo político y lo económico, que tiene su fundamento en que la información cada vez es más publica y los ciudadanos acceden con más frecuencia cada a ella.

Dependencias públicas como la Función Pública a nivel federal, o las contralorías en el estatal, la Comisión de los Derechos Humanos como PROFECO, son parte del concierto de entidades públicas  cuya función deja mucho que desear: no están al servicio de la sociedad, prefieren atender, proteger, la impunidad, la corrupción de sus propios compañeros en el servicio público o, simplemente, convertirse en cómplice de los grandes intereses económicos, políticos y culturales.

Es una mala broma que Gilda Cavazos, como Contralora Estatal, o que Miguel Salman en su condición de Auditor Estatal, no sean capaces de encontrar evidencias de corrupción, de tráfico de influencias, cuando entre la sociedad a veces es evidente que hay enriquecimiento explicable de algunos de sus correligionarios o que cuando menos, en ciertos momentos, se dan el lujo de presumir algo que antes no tenían ni soñaban tener.

Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de Erick Silva, como de Homero de la Garza, cuyas acusaciones en los Estados Unidos presumen que sus cuentas en dólares de varios ceros provienen de recursos públicas: ¿Cómo le hicieron para cuadrar los números? ¿Cómo lo ocultaron para que Contraloría y las auditorias no sacaran nada a relucir?

No es mala broma, por ejemplo, que los victorenses se quejen de los baches; que digan yo amo los baches de Victoria, porque estamos en el mes de febrero. Pero es notorio que, cada vez que llueve, hay baches y más baches; los tapan y vuelven a aparecer… Todo porque se hacen con material que no garantiza su permanencia. En la interejidal, frente al Complejo de Seguridad Pública, es evidente el deterioro, el mal estado, de la cinta asfáltica: ¿Cómo o porque permiten ese tipo de construcciones? ¿Sera una estrategia para que todos ganen, obvio, menos los conductores?

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