Día con día, desde que se planteo la reforma educativa,
hemos sido testigos de cómo primero maestros de Oaxaca, luego de Guerrero y
ahora hasta de Chiapas, con cualquier pretexto toman la calle, hacen plantones
en el DF, suspendiendo clases. No quieren reforma educativa, no quieren que los
evalúen… y ayer conocimos otra cara de la moneda: la actitud de los padres de
familia.
Con Adela Micha, la señora Adriana López en su condición
de Presidenta de la Asociación Regional de Padres de familia en Cabo San Lucas
(BC) dijo: “Los padres de familia
estamos hartos que los maestros tomen de rehén la educación, los maestros
paristas violentan el derecho a la educación, padres de familia deben levantar
actas de abandono de trabajo a maestros en paro”.
Estamos en un conflicto de intereses, de una
lucha entre derechos. Por un lado, los maestros –como cualquier trabajador-, tienen
sus derechos y se entiende que luchan por ellos a través de sus movilizaciones;
y por el otro lado, los alumnos de cualquier nivel educativo tienen el derecho
a la educación consagrado por la Constitución Política del país. Y, el hecho,
es que en esas entidades, no hay clases, porque los profesores andan de plantón.
Los padres de familia, que están promoviendo
un amparo, reclaman que el Estado –sea el estatal o el federal-, cumpla con la
encomienda de garantizar la educación de sus hijos. Para ello, proponen que
inicien con el exhorto a los profesores para que cumplan con su responsabilidad
y, llegado el momento, de que no lo hagan, que se tome la decisión de
sustituirlos. El propósito, sencillamente, es que los alumnos no pierdan clase.
La
realidad educativa es pasmosa, da miedo. Basta ver los estudios y pruebas que
se aplican; los resultados son desastrosos; el nivel de aprovechamiento en
educación básica es bajo, reprobado en materias como matemáticas y español. Una
muestra: el reporte de capital humano del Foro Económico Mundial ubica a México
en el lugar 102 (de 124), es decir, entre los países que tienen peor educación
primaria.
El fracaso
educativo en México es estructural. Se viene arrastrando y uno y otros
gobiernos buscan remediar la situación con una “reforma educativa”; la verdad
es que han sido solo parches y en ocasiones hasta se retrocede, por un contexto
de corrupción y poder sindical. Con la reforma de EPN se busco minimizar el
poder sindical y establecer reglas que propicien que entre los docentes haya
más y mejor calidad educativa. Cambiar las reglas de operación… y se centralizo
el pago de los profesores.
Fueron los
profesores de la sección 22, de Oaxaca, los primeros en rechazar la reforma
educativa. La primer etapa de su lucha fue, con un plantón en el zócalo y luego
en el monumento a la Revolución, demandar la no aprobación y luego la
derogación de la reforma educativa. Esa es su lucha; y por los daños
colaterales, a los alumnos, a los padres de familia e incluso a la sociedad, se
les recrimina y hasta se les tilde de flojos, de no tener vocación o hasta de
ser unos sinvergüenzas.
Creo que
todos debemos defender nuestros derechos. Solamente que los derechos
individuales van a la par con los derechos sociales; y los primeros, entiendo,
no pueden estar arriba de los segundos. Y en este caso, la educación es un
derecho social; la educación es vista así, porque se le concibe como el medio,
el instrumento, que ayuda a que los pueblos, los países, abandonen el
subdesarrollo.
Si
prospera la intención de los padres de familia de Cabo San Luca, si la ley les
da la razón, el Estado (gobierno federal y estatal) tendrá que tomar cartas en
el asunto para garantizar que los niños de primaria tengan sus clases. Por
algo, no podemos olvidarnos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son de las entidades
más pobres, mas subdesarrolladas… la educación no ha sido, ahí, un instrumento
de movilidad social.
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