Se acaba de celebrar un aniversario más de la
promulgación de la Constitución de 1917. Nuestra Carta Magna, como se le
conoce. Pues bien, sobre ella, se difundió un video donde los diputados
federales, los entrevistados, no conocen gran cosa de ella, incluso desconocen
lo más elemental. Y también, días antes, un ecuatoriano nacionalizado mexicano,
me pregunto: ¿Qué se festeja?, he preguntado y no me dan razón.
Y al evento realizado en Querétaro, donde se reunión los
tres poderes para la celebración, hubo un desaire, por decir, de buena parte de
los senadores, diputados federales, gobernadores y hasta de los líderes
partidistas. No se sienten identificados con los postulados de la Constitución,
porque, a decir verdad, la ley no es algo que importe a quienes nos gobiernan.
TRAJE A LA MEDIDA.
Sexenio tras sexenio, cada Presidente, hace lo mismo por
costumbre: modificar a la Constitución para, dicen, poder hacer que los cambios
que requiere el país se conviertan en realidad. Ya no sabemos cuántas reformas
van, pero eso si, buena parte de ellas, no han funcionado.
Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, hizo la reforma
que modifico la propiedad de los campesinos. Para unos destruyo al ejido. Hoy
los campesinos, que ya pueden vender sus tierras, en ciertos casos son
empleados de quienes se las compraron. Y bueno, Enrique Peña Nieto reformo la
Constitución para transformar la industria petrolera… que, dijo, ya se acabó la
“gallina de los huevos de oro”.
NO CUMPLEN CON LA LEY.
La cuestión es muy sencilla: en México, hay corrupción e
impunidad, porque los políticos y quienes nos gobiernan prefieren no cumplir
con la ley y, si lo hacen, lo hacen a medias e, incluso, la cambian para
poderla cumplir. Lo vimos recientemente en Tamaulipas: Para que Jorge Espino
Ascanio pudiera ser Auditor Superior modificaron la ley. Lo mismo sucedió en
tiempos de Manuel Cavazos Lerma: modificaron la ley para que el Secretario
General de Gobierno no sea necesariamente un abogado.
La mejor forma de evidenciar el nulo o poco respeto por
la ley son las mismas leyes e instituciones que el propio Estado ha ido
creando. La Comisión de los Derechos Humanos nace porque el Estado no los puede
garantizar; nace la Contraloría porque los servidores públicos se muestran
incapaces de ser honestos y no aplicar correctamente el dinero público.
EL REMEDIO LEGAL.
Ante las embestidas que sufre el Estado o Gobierno
acusado de corrupción e impunidad, le mejor opción es la transparencia, la
legalidad y la rendición de cuentas. Sin embargo, esa cultura aún no se
incrusta en la cultura del servidor público: ven, quiérase o no, al gobierno
como un botín político y piensan que las cosas de gobierno son de su propiedad.
La opacidad en la transparencia de buena parte del gobierno, sobre todo los
estatales y municipales, se constata y se pone en evidencia a cada estudio o
encuesta.
La opacidad en las declaraciones patrimoniales de los
servidores y su negativa, en buena parte, a cumplir con la exigencia de la
declaración 3 x 3, establece la expectativa de que la promesa de un buen
gobierno es solo, vaya pues, una promesa. Cuando una Constitución y sus leyes
son letra muerta, son la mejor evidencia de la persistencia de la corrupción y
de la impunidad.
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