Si hacemos caso a las reiteradas y múltiples
declaraciones del contralor estatal Mario Soria Landeros, resulta que Egidio
Torre Cantú y buena parte de sus colaboradores son ¡Culpables!, culpables de
muchas cosas. Y es que han sido acusados, por ejemplo, de que dejaron casi vacías
las arcas estatales, que dejaron una deuda tremenda… en fin, que una y mil
cosas, se hicieron mal y por eso, ahora, no se puede tener resultados a corto
plazo.
La última declaración de Mario Soria va por ese rumbo:
que en el año del 2015 el gobierno estatal no ejerció 5,400 millones de pesos y
que se tuvieron que regresar a la Federación y, de manera normal, hace el
comentario sobre todo lo que no se hizo en los distintos rubros en beneficio de
la población. El afectado, dice, fue el pueblo.
RESPONSABILIADES.
Es necesario recordar que hay una ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos en donde se tipifican los delitos que pueden cometer
quienes son, pues, nuestros servidores públicos. Están descritos en el artículo
7, entre ellos destaca el “VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los
planes, programas y presupuestos de las Administraciones Publicas Estatal o
Municipal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos
Estatales o Municipales. No procede el juicio político por la mera expresión de
ideas”.
Y el Artículo 12 establece que “Cualquier ciudadano, bajo su
más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba,
podrá formular por escrito, denuncia al Congreso local, por las conductas a que
se refiere el Artículo 7o. de este Ordenamiento. Presentada la denuncia y
ratificada dentro de tres días hábiles, se turnará de inmediato, con la
documentación que le acompañe, a una comisión del Congreso, que estará
integrada por los Presidentes de las Comisiones de Gobernación, Puntos
Constitucionales y de Justicia para que dictaminen…”
NO HAY CONTRAPESOS.
Efectivamente, dirán, no hay “Cualquier ciudadano” que
haga denuncias al Congreso. Sin embargo, si efectivamente funcionara el
Congreso Local como un contrapeso, no hiciera falta que el ciudadano haga
denuncias: los diputados son los que revisan, analizan y aprueban o rechazan
cada cuenta pública. Y son ellos, los que por ley, deben hacer las debidas
acusaciones.
Tan es cierto, que en los medios de comunicación se ha
ventilado, por ejemplo, que las cuentas públicas del exalcalde de Tula, están
reprobadas y hasta hacen notar que ya hay las denuncias correspondientes. Lo
hacen, obvio, porque tienen las prueba… con ello darán un ejemplo, claro, de
combate a la corrupción.
EL GATO Y EL RATON.
Los comisionados y servidores públicos del ITAIT por lo
regular, cuando hacen declaraciones, van en el sentido de que la población, la
ciudadanía, no tiene la cultura de la petición de información, que son pasivos
pues; y hace poco, la comisión municipal capitalina, fue por ese sentido. Sin
embargo, hay un detalle firme: el gobierno, nivel que sea, no está acostumbrado
a la transparencia y a la rendición de cuentas… no son transparentes, no
proporcionan la información.
Ahí es donde, de nueva cuenta, regresamos con los
diputados. Se entienden, son un poder, representan al pueblo, son los que deben
–porque tienen la pruebas-, actuar en consecuencia y hacer que los malos
servidores público sean sancionados. El problema es que, los diputados, creen
que su jefe es el titular del Ejecutivo y no el pueblo: ya desde ahí la
sociedad, el gobierno, anda mal… Así, el Contralor puede seguir, día con día,
declarando sobre la irregularidades del sexenio pasado… No pasa nada.
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